Pocos fenómenos traen consigo una alteración mas aguda de la convivencia que el fenómeno
delincuencial y, especialmente dentro de la delincuencia, la cometida por menores de edad. Ante estos
supuestos la sociedad se siente en ocasiones inerme, impotente e indefensa.
Se ha constatado a nivel internacional un aumento progresivo de la delincuencia juvenil1.
Como datos globales, se han aportado los siguientes: “en los países de nuestra área de cultura
(países occidentales más industrializados) la delincuencia juvenil in genere se aproxima, en cuanto al
volumen, en los últimos años, al 15% de la delincuencia general total. Si bien, las estadísticas de
algunas de esas naciones, como es el caso, por ejemplo, de Francia, ofrecen cifras apreciablemente
mayores: 20 ó 22%. Por el contrario, otros países ofrecen estadísticas muy por debajo de la media”.2
En España, un informe del Defensor del Pueblo de este mismo año aporta datos esclarecedores
al respecto: el número de menores detenidos en el año 2001 ascendió a 22.906, lo que representa el
10,48% del total de personas detenidas durante ese período. En todo caso, la valoración de estos datos
de delincuencia juvenil en relación con otros países de nuestro entorno cultural no es especialmente
negativa.
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